República de Guinea Ecuatorial
Jefe del Estado: Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Jefe del gobierno: Miguel Abia Biteo Borico
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no firmado
Convención de la ONU sobre la Mujer: ratificada
Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre la Mujer: no firmado
Hechos más destacados entre enero y diciembre de 2005
Información general : Detención arbitraria : Muerte bajo custodia, tortura y malos tratos : «Desapariciones» : Homicidios ilegítimos : Juicios políticos injustos : Hostigamiento contra un defensor de los derechos humanos : Condiciones de reclusión : Detención ilegítima de menores
En enero, Guinea Ecuatorial firmó el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África.
A pesar de los elevados índices de crecimiento económico y de la cuantiosa producción de petróleo, la pobreza siguió siendo generalizada. El agua potable escaseaba con frecuencia en las principales ciudades, en ocasiones durante semanas. Según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de la ONU para el Desarrollo, la esperanza de vida se redujo de 49,1 años en 2001 a 43,3 en 2005.
En septiembre, un tribunal superior del Reino Unido desestimó una demanda por daños y perjuicios presentada por el presidente Teodoro Obiang Nguema contra varios empresarios británicos y un exiliado ecuatoguineano que estaban acusados de financiar un presunto intento golpista en marzo de 2004.
Al menos 20 personas detenidas en 2003 y 2004, entre ellas 12 presos de conciencia, continuaban recluidas sin cargos ni juicio. A finales de diciembre de 2005, el juez instructor comenzó el interrogatorio de los detenidos.
Se detuvo arbitrariamente a decenas de presuntos opositores políticos, en algunos casos durante periodos breves. Otros continuaban en prisión, sin cargos ni juicio, al concluir 2005. Al parecer, la mayoría de ellos eran presos de conciencia.
- Vidal Bomabá Sirubé, Marcelino Barila Buale y Deogracias Batapa Barila fueron detenidos en enero, al parecer por sospechas de pertenencia al Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko. Al finalizar 2005, continuaban recluidos sin cargos ni juicio en la prisión de Black Beach. Vidal Bomabá Sirubé, abogado residente en España, no recibió ningún tipo de medicación para tratar su enfermedad crónica de riñón.
- En abril, Anastasia Ncumu, de 75 años de edad, fue aprehendida y recluida brevemente tras haber llevado alimentos a su hijo en la prisión de Bata; la medida se debió, al parecer, a que había criticado al presidente Obiang.
La policía torturó e infligió malos tratos impunemente a los detenidos. Según los informes, al menos un detenido murió a causa de las torturas sufridas. Los responsables no comparecieron ante la justicia.
- En marzo, el taxista Mariano Esono («Nenuco») murió en la comisaría de Mondoasi, en Bata, una semana después de haber sido detenido, acusado de no pagar una deuda a su empleador. Según los informes, lo quemaron con una plancha eléctrica y le aplicaron descargas eléctricas en los genitales y en la cara. Posteriormente lo trasladaron al juzgado, donde, según los informes, un juez ordenó que le administraran inmediatamente tratamiento hospitalario. Sin embargo, parece ser que los agentes de policía lo devolvieron a la comisaría, donde murió poco después. Tras su muerte intentaron ocultar su cadáver enterrándolo en una playa, donde fueron vistos por transeúntes. Entonces devolvieron el cuerpo a la familia.
- En mayo, Prosper Diffo, mecánico de automóviles camerunés, permaneció recluido en la jefatura de policía de Bata durante cuatro horas. Según los informes, lo golpearon con palos y le propinaron patadas por negarse a trabajar en el automóvil del gobernador provincial. Tuvo que estar ingresado en el hospital durante dos días, y no pudo trabajar durante un mes. No recibió ninguna indemnización, y los responsables no comparecieron ante la justicia.
Las autoridades no revelaron el paradero de los detenidos que habían «desaparecido» tras ser aprehendidos a finales de 2004. Otras cuatro personas «desaparecieron» en 2005.
- El ex comandante de la marina Juan Ondó Abaga, refugiado en Benín desde 1997, fue al parecer secuestrado por personal de seguridad de Guinea Ecuatorial en febrero. El teniente coronel Florencio Bibang Elá, el soldado Felipe Esono Ntumu («Pancho») y el civil Antimo Edú fueron detenidos en abril en Lagos, Nigeria, y trasladados a la capital, Abuja. En julio, según los informes, miembros de los servicios de seguridad de Guinea Ecuatorial los secuestraron en su lugar de reclusión bajo custodia nigeriana, tras sobornar a los funcionarios de la prisión. Tras ser devueltos a Guinea Ecuatorial, los cuatro hombres fueron recluidos en régimen de incomunicación en la prisión de Black Beach donde, al parecer, fueron torturados y se les negó el acceso a atención médica. Posteriormente «desaparecieron». Los tres miembros de las fuerzas armadas fueron juzgados in absentia en septiembre, acusados de un intento golpista en octubre de 2004, y condenados a 30 años de cárcel. La radio oficial afirmó que se encontraban fuera del país. No se emitieron declaraciones públicas sobre la suerte de Antimo Edú.
Los soldados que mataron a dos personas en Bata no comparecieron ante la justicia.
- Plácido Ndong Anvam murió en enero, días después de recibir una paliza en la calle a manos de soldados, que al parecer estaban ebrios.
- En mayo, Miguel Ángel Ndong Ondó murió a causa de las heridas infligidas 10 días antes por un soldado que, al parecer, le ordenó que levantara las manos y le disparó a quemarropa. Volvía a casa con una amiga de madrugada cuando el soldado los siguió, tras lo cual se enzarzaron en una breve pelea.
En enero se detuvo a más personas acusadas de estar implicadas en el presunto intento de golpe de Estado de octubre de 2004. De los 70 procesados en septiembre por un consejo de guerra en Bata por cargos de traición y atentado contra la seguridad del Estado, 20 soldados y ex soldados fueron condenados a penas de prisión de entre 6 y 30 años. Los restantes acusados fueron absueltos. El juicio fue injusto: los acusados permanecieron recluidos en régimen de incomunicación antes del juicio y, según los informes, fueron condenados en virtud de confesiones que, según ellos mismos manifestaron, fueron extraídas mediante tortura. Las cicatrices que presentaban concordaban con su versión. Las decisiones de los consejos de guerra no admitían apelación.
Actualización
En junio, seis ciudadanos armenios, condenados a largas penas de prisión en noviembre de 2004 por participar en el presunto intento golpista de marzo de 2004, quedaron en libertad gracias a un indulto presidencial. Asimismo, en agosto recuperaron la libertad dos ecuatoguineanos condenados en el mismo proceso, al haber cumplido sus respectivas penas.
Hostigamiento contra un defensor de los derechos humanos
- En junio, el abogado y defensor de los derechos humanos Fabián Nsué Nguema, ex preso de conciencia, fue suspendido de forma arbitraria del Colegio de Abogados durante un año por presunta conducta indebida. La orden de suspensión no especificaba la naturaleza de la queja presentada en su contra, ni tampoco su origen, y al abogado no se le dio la oportunidad de refutar la acusación. Al parecer, la suspensión obedeció a motivos políticos, por su trabajo como abogado de personas juzgadas por presuntos intentos de golpe de Estado, entre ellas un grupo de ciudadanos sudafricanos condenados en juicios injustos en 2004, y por sus críticas al gobierno.
Las condiciones de reclusión ponían en peligro la vida de los reclusos, dadas la masificación, la falta de atención médica y la insuficiencia de los alimentos.
- Los reclusos de la prisión de Black Beach corrían el riesgo de morir de hambre, en especial los que no tenían familiares que los ayudaran. Las raciones, que a finales de 2004 se limitaban a una o dos porciones de pan, sufrieron nuevos recortes a finales de febrero, por lo que los presos, a veces, no recibían alimentos durante varios días. La situación mejoró a finales de abril. Los presos permanecieron recluidos en régimen de incomunicación de febrero a septiembre, momento en el que se volvieron a permitir limitadas visitas de familiares.
Dos menores de 12 años fueron aprehendidos, recluidos y acusados de forma ilegítima en Malabo en el mes de febrero. Los recluyeron en una comisaría de policía durante tres días, acusados de haber matado a otro menor tres años antes, antes de hacerlos comparecer ante un juez para que éste legalizara su detención. El juez ordenó su reclusión en la prisión de Black Beach, que no tenía instalaciones para menores. Quedaron en libertad dos semanas más tarde, en espera de juicio. Al concluir 2005, el juicio aún no había comenzado. En virtud de la legislación nacional, la edad mínima de responsabilidad penal es de 16 años, y no existe un sistema de justicia de menores.
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